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Un reciente informe de la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierte que cada vez más departamentos de policía en Estados Unidos están utilizando drones equipados con sistemas automatizados de lectura de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés). Esta práctica amplía las capacidades de vigilancia dentro de los programas de Drones como Primer Respondiente (DFR, por sus siglas en inglés) que varias agencias ya han comenzado a implementar.
Drones con ALPR integrados
Tradicionalmente, los sistemas ALPR se instalan en cámaras fijas o en vehículos policiales. Sin embargo, compañías como Flock Safety ahora están ofreciendo drones que pueden identificar y registrar matrículas en pleno vuelo. A través de reconocimiento óptico de caracteres, estas aeronaves son capaces de recopilar información de vehículos, convirtiendo el ALPR en una función extra a su tarea principal: brindar información en tiempo real a los agentes para mejorar la respuesta en emergencias.
Los programas DFR aportan beneficios claros, como permitir que los oficiales evalúen un escenario antes de llegar al lugar, lo que puede aumentar la seguridad tanto para ellos como para la ciudadanía. No obstante, cuando los drones se combinan con la tecnología ALPR surgen importantes preocupaciones de privacidad. A diferencia de las cámaras fijas, los drones tienen movilidad y pueden capturar datos en espacios privados como jardines, entradas de autos e incluso ventanas, donde las personas normalmente esperan un mayor grado de intimidad.
Riesgos en el almacenamiento y uso de datos
De acuerdo con el Atlas de Vigilancia de la EFF, aproximadamente 1,500 departamentos de policía en EE. UU. cuentan con programas de drones, con flotas que van desde unas pocas unidades hasta cientos. Esto genera enormes volúmenes de datos a un costo operativo bajo. El problema es que muchas agencias almacenan esta información por períodos prolongados, la guardan en servidores centralizados o externos y la comparten con otras entidades gubernamentales, lo que aumenta los riesgos de filtraciones o mal uso.
Una investigación de Wired reveló deficiencias en la transparencia: alrededor del 10% de los vuelos analizados no tenían un propósito declarado y, en muchos otros casos, simplemente se registraba como motivo “desconocido”.
Retos legales y éticos
El marco legal sobre la vigilancia aérea sigue siendo limitado. Algunos estados, como Alaska, California, Hawái y Vermont, han determinado que el uso de drones sin orden judicial puede violar las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos injustificados. Sin embargo, la mayoría de los estados aún no cuentan con estas garantías.
Además, al combinar drones con inteligencia artificial (IA), se abre la puerta a un monitoreo masivo y mucho más invasivo. Empresas como Flock Safety incluso han planteado la posibilidad de enlazar los registros ALPR con datos personales adicionales del propietario del vehículo, lo que acercaría a la sociedad a un modelo de vigilancia total si no se establecen límites claros.
Conclusión
La rápida adopción de drones con ALPR resalta la necesidad urgente de regulación y supervisión estricta. Aunque estas tecnologías ofrecen ventajas operativas a las fuerzas del orden, también representan un riesgo significativo para la privacidad y las libertades civiles. El desafío estará en encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales.
